La magistrada Romero impuso prisión preventiva contra los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, coronel (ARD), Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN), quienes deberán de cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.
Mientras que impuso arresto domiciliario a el primer teniente César Félix Ramos Ovalle, el coronel de las FARD Miguel Ventura Pichardo, el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD), la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco.
En tanto que al coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y al coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz le dictó presentación periódica e impedimento de salida.
La magistrada declaró el caso complejo.
El tribunal control del caso será el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y la revisión obligatoria fue fijada para el 14 de marzo de 2022.
En el caso del general Julio Camilo De los Santos Viola, se conocerá medida de coerción en otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre una recusación a la jueza Romero.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
En el proceso el Ministerio Público ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra involucrados en el caso.
Junto a la solicitud de medida de coerción el órgano del sistema de justicia depositó más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
