La afirmación es parte de los argumentos de las autoridades colocados en la solicitud de medidas de coerción contra los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola, Boanerge Reyes Batistas y otros 10 imputados.
“Utilizaron varias organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado, que busca disfrazar millonarias operaciones de lavado de activos, a través de objetivos nobles”, indicó la PEPCA.
Señala la entidad que esas “manifestaciones que se repiten desde la Italia marcada por la mafia, como la Colombia golpeada por el narcotráfico y el México de hoy que libra una batalla contra el crimen organizado”.
En la solicitud de medidas de coerción, las autoridades dicen que los fondos eran distraído de los recursos asignados a las operaciones de inteligencia y a raciones alimenticias de los miembros de los cuerpos especializados de Seguridad Turística (CESTUR) y de Seguridad Presidencial (CUSEP).
“Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones”, explica la solicitud de medidas de coerción.
Indica que la red habría creado empresas a nombre de personas relacionadas al financiero (coronel Rafael Núñez de Aza), para que suplieran combustible y material gastable al CUSEP y al CESTUR.
“Los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar controles de auditoria y así poder distraer fondos millonarios”, sostiene la PEPCA.
Para realizar esas operaciones ilícitas, según el Ministerio Público, designaron a personas de confianza en los despachos de esos suministros.
“Nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoria, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República”, explica el expediente acusatorio.
Como había establecido el principal testigo del caso Coral, Mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, la red colocaba personal en las nóminas del CUSEP y del CESTUR que luego de cobrar sus salarios devolvían entre el 80 a 90% de los pagos.
“Distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 al 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización”, sostiene el Ministerio Publico.
Posiciones y funciones de los apresados en Coral 5G
La PEPCA, en 49 allanamientos, apresó a 13 personas, que ahora suma a la Operación Coral, en una nueva etapa nombrada como Coral 5G, que se vincula a la red de corrupción administrativa que encabezada el exjefe de la seguridad del ex presidente Danilo Medina, Adam Cáceres Silvestre.
Veamos en que posiciones fueron ubicados cada uno de los nuevos apresados, que incluye a una teniente de la Policía que tiene dos hijos con el coronel Rafael Núñez de Aza, preso y señalado como el brazo financiero de la red.
General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FAD), Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) en el periodo 2014-2021.
Coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, tambien de la FARD, que tenia como alias “El Ayudante”, se desempeñaba como ayudante de Torres Robiou y encargado de raciones del CESTUR.
Coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, de la FARD, ex encargado de recursos humanos del CESTUR en el periodo 2014-2020. Se recuerda que la nómina era el principal activo que usarían los imputados para distraer el erario público.
La primer teniente de la Policía, adscrita a la FAD, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, era la sub-encargada de auditoria del CESTUR.
La dama tiene dos hijos con Núñez de Aza.
Coronel Miguel Alfredo Ventura Pichardo, de la FARD adscrito al CT2, era el encargado de la División de Inteligencia, unidad de la cual se distraían fondos millonarios a favor de la red, según la acusación de la PEPCA.
General Julio Camilo de los Santos, miembro de la FARD, era subjefe del CUSEP, unidad especializada usada para la sustracción del erario en la misma modalidad del CESTUR, según la PEPCA.
Mayor contador José Manuel Rosario Pirón, de la Policía Nacional, ex encargado de tesorería del CUSEP. Además, el coronel Sterling Antonio Peralta Santos, de la FARD, era el encargado de la inteligencia del CUSEP.
El capitán de navío Rolando Bueno Jiménez de la FARD se desempeño como el director administrativo y ayudante del CUSEP para el periodo de Adam Cáceres Silvestre, quien guarda prisión preventiva por 18 meses por el caso Coral.
El capital de navío Franklin Antonio Mata Flores, también de la FARD, era el director de la Avanzada del CUSEP, organismo que tenia a cargo la seguridad del ex presidente Danilo Medina.
General Boanerges Reyes Batista, miembro del Ejercito Nacional, era sub jefe del CUSEP desde el 2012-2014.
El teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez, de la FARD, estaba asignado al jefe del CUSEP de ese momento, Adam Cáceres Silvestre.
Además, el teniente coronel del Ejército Nacional Kelman Santana Martínez, se desempeñaba como asistente personal de Adam Cáceres Silvestre.
También, Esmeralda Ortega Polanco alias 550 esta vinculada al caso Coral 5G, se desempeñaba como gerente de una sucursal del Banco de Reservas, ayudaba a evadir los controles financieros para los depósitos de cientos de millones de pesos que habría lavado la red de oficiales militares.
El empresario César Félix Ramos Ovalle, señalado como suplidor del Estado, hacia operaciones ilícitas, con el debido conocimiento, para sustraer fondos a través de “maniobras fraudulentas en las contrataciones y el falso suministro de combustible, devolviendo a la estructura la mayor parte de lo distraído”, según la acusación.
Solicitud de medidas de coerción
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para las 10 de la mañana de este domingo el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción contra los 13 imputados de la Operación Coral 5G.
El Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva para todos los implicados y la declaración del caso complejo.
