A la creciente movilización social que exige castigo para los beneficiarios de los millonarios sobornos que pagó Odebrecht, un despertar de la conciencia ciudadana que enarbolando la bandera del fin de la corrupción y la impunidad puede convertirse en una réplica de las exitosas jornadas cívicas en reclamo del 4% del PIB para la educación, viene a sumarse la decisión de la ADP de llevar a las calles su lucha por un aumento salarial de un 25%, entre otras reivindicaciones.
Son malas noticias para el gobierno, colocado contra la pared por un escándalo de corrupción que lo salpica y que no puede darse el lujo de ignorar, y mucho menos darle el tratamiento que las administraciones del PLD le han dado hasta ahora al flagelo que degrada nuestras instituciones: cubrirlo con el manto protector de la impunidad y que siga la fiesta.
Por eso es tan inoportuna, desde la perspectiva del oficialismo, la decisión de la ADP, cuya dirigencia es consciente de que en las presentes circunstancias el gobierno es muy vulnerable al chantaje que descaradamente propone al condicionar la suspensión de la concentración nacional que convocó a que el ministro de Educación, Andrés Navarro, los reciba en un plazo de 48 horas para buscarle solución a sus demandas.
Pero ocurre que el funcionario, quien está aprendiendo sobre la marcha a lidiar con la intransigencia del gremio magisterial, también se ha expresado con firmeza en rechazo a la infame estrategia de los maestros de paralizar la docencia convirtiendo a los estudiantes en rehenes de sus luchas reivindicativas.
¿Mantendrá esa posición o, en aras del pragmatismo político, cederá al vulgar chantaje de quienes se comportan como los peores enemigos de la revolución educativa que tanto cacarea?. 10/02/2017.
